El 9 de julio se abrió la discusión por parte de las y los parlamentarios del proyecto de ley que busca responder a las urgentes necesidades en salud mental. Las cifras dan cuenta de un alarmante panorama sanitario en que la demencia y la depresión se establecen como las patologías de este tipo con mayor prevalencia en el país.

Según el Ministerio de Salud, un millón de pacientes se atiende regularmente en la red pública y, 822 mil en la atención primaria, cuya mediana de espera es de 236 días. En este sentido, la excesiva espera tiene relación con la falta de profesionales de salud y con la infraestructura: en la red pública faltan 552 camas de hospitalización de adultos y 134 infantiles. 

Los hogares protegidos y las residencias también son insuficientes. En palabras de la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, “contamos con 219, lo que permite cubrir solo un 9,3% de la demanda. El gasto en salud mental es solo un 2,6% del presupuesto del Ministerio, mientras que la OCDE recomienda invertir no menos de un 5 a 10%”. En síntesis, cifras que dan cuenta de necesidades urgentes que atender.

La iniciativa, que fue parte de las promesas de campaña del presidente de la República, Gabriel Boric, busca consagrar una regulación integral de la salud mental, considerando aspectos de promoción y protección e involucrando a distintos sectores del Estado de manera activa, mediante el establecimiento de acciones que generen condiciones para un adecuado desarrollo de la salud mental. 

En concreto, tras su aprobación, el Ejecutivo apuesta a un fortalecimiento de la Superintendencia de Salud en su regulación de los establecimientos para la atención de pacientes psiquiátricos. Asimismo, se mandata a las corporaciones de Asistencia Judicial a una priorización de las personas con discapacidad psíquica, intelectual y de aquellas sujetas a una hospitalización involuntaria que lo requieran para lograr una internación oportuna.

Por otra parte, el Ministerio de Salud pondrá en funcionamiento la secretaría ejecutiva del Comité Interministerial, resguardando el avance de la política nacional de salud mental y su implementación. Además, dotará a la Comisión de Protección de Derechos en Salud Mental de una función más operativa y concreta en el resguardo de los derechos de las personas con trastornos o enfermedades mentales. 

Tras ser discutida en la Comisión de Salud, la propuesta deberá ser vista también por la Comisión de Hacienda del Senado donde se evaluarán los requerimientos presupuestarios que conlleva versus los beneficios concretos para la salud de millones de personas, que padecen sufrimiento psíquico sin tener respuesta oportuna por parte del sistema.