Casi un 1 por ciento de las viviendas de Chile no tiene acceso a electricidad, un 17 por ciento no dispone de energía para calefacción, y el 11 por ciento no cuenta con agua caliente; además, el 63 por ciento no posee aislación térmica. Estos son solo algunos datos que dan cuenta de la pobreza energética en el país.  

El concepto de pobreza energética se originó en Reino Unido en el marco de la crisis mundial del petróleo en la década de los años 70´. En Chile, se utiliza la definición de la Plataforma de Colaboración Interdisciplinaria Red de Pobreza Energética (RedPE). Esta hace referencia a que un hogar se encuentra en pobreza energética cuando, “no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad para cubrir sus necesidades fundamentales y básicas, que permitan sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros”.

A pesar de que es vital mantener el hogar a temperaturas adecuadas, no todas las personas pueden suplir esa necesidad. En la Encuesta de Energía de 2016, uno de cada cuatro chilenos y chilenas declaró que pasaba frío en invierno. La cifra transparenta una dolorosa y poco difundida realidad nacional.

Los hogares tienen necesidades fundamentales en términos de energía cuya carencia afecta la salud de sus habitantes. Entre estas se encuentran la cocción y conservación de alimentos; disponer de temperaturas mínimas y máximas saludables y contar con suministro eléctrico continuo en el caso de electrodependientes. En segundo lugar, hay necesidades variables según el contexto territorial, como el agua caliente sanitaria, uso de electrodomésticos y confort térmico.

Un estudio de 2019, determinó que una vivienda consumía en promedio al año, 10.231 Kwh en energía. De estos un 56 por ciento son en calefacción; 18 por ciento en agua caliente sanitaria, 8 por ciento en cocción de alimentos, 5 por ciento en refrigeración de alimentos y  3, en iluminación (https://in-data.cl/portfolio/conservacion-de-la-energia-en-chile/).

Como la pobreza energética es un problema de política pública, se fijaron metas en el mediano y largo plazo para enfrentar las brechas en el acceso a la energía. Así la Política Energética Nacional, en su segundo objetivo – Acceso Universal y Equitativo-, determina: 

Al 2030: 100 por ciento de los hogares con acceso a electricidad de forma permanente respecto al total de hogares existentes.

Al 2040: 100% de hogares acceden a energía para satisfacer necesidades de calefacción, agua caliente sanitaria y cocción de alimentos a partir de fuentes de energía limpia de bajas emisiones. 

Al 2050: 100% de los hogares tienen un gasto asequible en energía en relación a sus ingresos, 2050: Al menos 35% del parque construido total de viviendas (nuevas y existentes), tienen un acondicionamiento térmico equivalente a la nueva versión de la reglamentación térmica, en proceso de elaboración, debiéndose para ello analizar e implementar distintas herramientas público-privadas que incrementen los esfuerzos que realiza el Estado a través de subsidios.

2050: 10% de viviendas existentes tienen un estándar equivalente al de la cuarta versión de la reglamentación térmica, la que deberá apuntar hacia edificaciones de energía net cero.